Entre PIPA y SOPA, telenovela electoral en México

Entre PIPA y SOPA, telenovela

electoral en México

(¿los villanos-ganadores: los dueños

del oligopolio televisivo)

 

Desde México: César H. Espinosa

I

En este 2012, además del presunto augurio de los sabios mayas que presagiaron un cataclismo universal, en México tendrá lugar el recambio del titular de la Presidencia de la República y el Poder Ejecutivo, así como del Legislativo federal, además de una serie de gobernadores y legislaturas estatales… Lo anterior carece de algún interés, sin duda, para todos los lectores que no sean mexicanos (y para muchos mexicanos, también).

Quizás el único interés radica en que la puja electoral se va a resolver como una telenovela (uno de los nuestros más lucrativos y “deglutidos” productos de exportación), con la variante de que los grandes villanos serán ahora abiertamente los “propietarios” de las dos únicas cadenas televisivas existentes en México.

En este melodrama habrá, ciertamente, la chica superguapa y tan inocente que no pasa de boba (es decir, todo el “show” de la campaña), junto con el galán del caso (aquí sí, uno de los aspirantes a la primera magistratura, quien seguramente quedará como “el bueno”), además de la infaltable mujer mala que no necesariamente habrá de ser una prostituta sino una señorona de rango abolengo cuyas mañas le piden muy poco a la suripanta de marras (aquí hablamos de la inevitable “campaña negra”, aunque legalmente está prohibida en México).

De hecho, sin embargo, además de este relato soso vamos a tratar aquí de un capítulo ajeno a las elecciones en México; es una narrativa vigente y urgente, y trata acerca de las pérfidas campañas que están inventando las oligarquías de los países centrales (el Imperio) y las grandes empresas que las acompañan para amordazar y anular, si pueden, a ese divertido aprendiz de brujo que se llama internet, con su redes sociales y la multiplicidad ilimitada de juegos y aplicaciones que trae consigo; los villanos se llaman “Leyes PIPA, SOPA, CISPA” y el acuerdo trasnacional ACTA. Ya los veremos “a cuadro” y “en vivo”.

Por lo pronto, recordemos que el sistema de la televisión en México data de los años 50, cuando el mandatario en turno, Miguel Alemán, mandó hacer una consulta para escoger el tipo de sistema que prevalecería; ganó, obviamente, el estilo privado norteamericano de transmisión gratuita a cambio de rellenar horas y horas la cabeza del espectador con horas y horas de contaminación publicitaria. Y el “concesionario” –el dueño tras algún prestanombres del primer canal– vino a ser ¡el presidente Miguel Alemán!

Como sucede en toda Latinoamérica –por no hablar del planeta entero– los medios electrónicos son ya el ámbito privilegiado para el uso electoral a troche y moche de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico: Internet, telefonía móvil, redes de radio y televisión. Ya el gobierno y los principales partidos se lanzaron a bombo y platillo para maniobrar en este ámbito, que abarca sin duda a una porción mayoritaria de los presuntos votantes, de todas las edades.

El fantasma (de las redes)

de Internet recorre México…

 

Aunque todavía sometidas a un uso eminentemente frívolo, las redes sociales en Internet comienzan a tener un sentido político libertario y de resistencia en muchos lugares del mundo, incluyendo a México. Desde Twitter o el Facebook se hacen denuncias y se llama a movilizaciones frente a casos como la impunidad rampante (aquí, 50,000 asesinatos anónimos, sin que nadie sepa ni responsa), o sobre las deliberaciones y acuerdos de la Suprema Corte de Justicia ante el caso del incendio, con todo y bebés, de la guardería ABC (sin culpables, dos años después) o de la represión con violación de mujeres en Atenco (atribuible a uno de los actuales candidatos).

Así como la censura ha sido rebasada por la red digital –Internet, correo electrónico, Twitter– tanto frente a la dictadura de los mullahs en Irán como en China y en Myanmar, o bien en África y en los propios Estados Unidos, aquí estos instrumentos ya fueron útiles para rechazar la raquítica oferta electoral en los pasados comicios de 2009, al posibilitarle una plataforma política a los “anulistas” –el fantasma muy vivo del voto nulo–, así como para comenzar a crear opciones abiertas frente al duopolio de la televisión comercial y su “cola” o proyección en las redes de radio y las revistas de mayor circulación.

Los medios sociales (los sitios de servicios o microblogs Twitter, sitios sociales Facebook, user content sites-YouTube) have recently been recognized as important toolscomo Facebook, los sitios de contenido de usuario YouTube) son reconocidos cada vez más como herramientas importantes for distributed reporting, routing around government censors, raising awareness enabling para proporcionar información distribuida, para establecer formas de enrutamiento en torno a los censores del gobierno, para incrementar la sensibilización que permitademocratic participation, and engaging a broader public sphere. la participación democrática y la participación en una esfera pública más amplia. The technological

La simplificación tecnológica affordances and communication dynamics of social media can help citizens disseminatey la dinámica de la comunicación de los medios de comunicación social pueden ayudar a los ciudadanos a difundir information and reach the international community; and it can make it more difficult forinformación y, en su caso, hacer llegar a la comunidad internacional las anomalías y atropellos que sufran,  con lo cual se hace más difícil para los repressive regimes to quell citizens’ free speech.regímenes represivos el manejo de sus instrumentos orientados a acallar la libertad de expresión en los ciudadanos.

Sólo a raiz de una concepción política bastante retrógrada, como es el caso del gobierno derechista de Felipe Calderón (México), se ha enfocado a cargar con impuestos y tarifas gravosas al uso de la computadora y del Internet. Se renuncia así a las capacidades comunicativas, organizativas y formativas de estos medios, en retroceso de la economía y la inventiva nacionales.

Pero se trata de tapar el sol con un dedo, porque los 60 y tantos millones de mexicas  usuarios del teléfono móvil mantienen un hervidero de mensajes entre sí, de fotografías de todo lo imaginable, y hasta lo inimaginable, y se vuelven una avalancha corrosiva de mensajes frente a los intentos de controlarlos o reprimirlos.

Por su parte, el gobierno y las empresas, presuntamente para disminuir gastos, limitan a los empleados el uso del Internet. Por ello, México es un país que va a la cola de la competencia económica y comercial, y entre la fuerza laboral tiende a predominar la apatía, la dejadez y el ausentismo. La comunicabilidad, la interrelación de fuerzas, la transmisión de opiniones y mensajes, y la opción de consultar y aprender en la “enciclopedia universal” que es Internet están siendo suprimidas y asfixiadas.

Estas opciones reaccionarias implican negar su propia naturaleza si se optara por bloquear la comunicación instantánea y el uso cognoscitivo de la red en el centro estratégico y de comando de la empresa y los negocios. En todo caso, cualquier mal uso puede ser bloqueado, pero no la red completa y sus posibilidades de interacción y vida democrática. Pero el verdadero bloqueo se está armando desde el norte, desde EE.UU., como veremos.

Social media promotes participatory values by enabling sharing, commenting, and

Tal vez a partir de este debate en línea –ejercicio democrático– surja la alternativa para purgar y renovar efectivamente los esclerosados  vasos sanguíneos de la minoría del poder en nuestro(s) país(es). Podrán combatirse las amenazas antisociales que implica la delincuencia organizada y se reforzarán las posibilidades de mayor unión y solidaridad entre los grupos populares y las organizaciones libertarias frente a los múltiples bloqueos que impone el grupo en el poder.

Democracia y debate público, ¿tautología?

En paralelo con los factores reales de poder, desde diversos ámbitos de las ciencias sociales –tales como la sociología, la ciencia política y las ciencias de la comunicación– se advierte que el funcionamiento y la calidad de la democracia están vinculados a la forma en que se realiza el debate público.

En ese sentido, viene al caso preguntar: ¿quiénes son los actores en este debate?, ¿qué temas y qué agenda son abordados?, ¿qué rol ejercen periodistas y propietarios de los medios como intermediarios y actores en el debate público?,  y ¿cuál es la calidad y oportunidad de la información que recibe la ciudadanía?

Tras una década de que el Estado mexicano renunció a ejercer su responsabilidad rectora y equilibradora en el terreno de la comunicación colectiva, sería hasta el año 2007, através del veredicto que emitió la Suprema Cortede Justicia de la Nación frente a la Ley Televisa, cuando el Estado retomó las funciones perdidas desde las privatizaciones de canales televisivos del ex presidente Salinas y la reentrega de Vicente Fox al sector privado del 12.5% de tiempo fiscal destinado para la utilidad pública.

De esa forma, la segunda acción que realizó el poder republicano para rescatar al Estado nación el influjo político comunicativo se efectuó cuando siguiendo los pronunciamientos previos que fijó la Suprema Cortede Justicia sobre la esencia del proyecto de comunicación nacional, el Poder Legislativo modificó nueve artículos de la Constitución Política Mexicanay aprobó intempestivamente la Reforma Electoral del 12 de septiembre del 2007, en el Senado de la República, con 111 votos a favor y 11 en contra.

Con la aprobación de esa reforma, la sociedad mexicana alcanzó en principio, entre otros, los siguientes objetivos generales en el ámbito comunicativo:

1.- Se creó un nuevo modelo de comunicación política que expulsó a los intereses fácticos mediáticos de los procesos electorales. De esta forma, las dinámicas electorales se liberaron del “dinero oculto” y de la presión que imponían los monopolios mediáticos de la información masiva a la clase política.

Con dicha acción, los partidos dejaron de “vender su alma al diablo” como estilaban con tal de conseguir recursos para financiar campañas, viéndose obligados a acudir a tocar las puertas traseras de las empresas de información electrónica para impulsar sus campañas.

2.- Se redujeron las campañas presidenciales de 186 días a sólo 90 días (50%) con lo cual se logra un ahorro para el erario de más de 3,000 millones de pesos que representaban el oneroso costo de las campañas políticas en etapas de sucesión presidencial. Por cierto, ¿en la más reciente elección intermedia pudo verificarse algo de este ahorro?

Se dice que hasta antes de la apenas estrenada Reforma Electoral las campañas políticas en México eran las más caras del mundo. ¿Disminuyó realmente su costo en esta elección intermedia?

3.- Ni partidos, ni terceras personas podrán contratar propaganda en radio y televisión. 4.- Se dispuso de los tiempos de Estado (Tiempos Oficiales) para la difusión de la propaganda de los partidos. 5.- El Instituto Federal Electoral (IFE) distribuirá los tiempos oficiales entre los partidos.

6.- Se prohibió la “campaña negra” o los recursos para denigrar al adversario.

7.- Se impidió la propaganda gubernamental durante las campañas electorales.

8.- El IFE ordenará la inmediata cancelación de las transmisiones de radio y televisión, en el supuesto que violen las leyes electorales. 9.- Se elevó a rango constitucional el Derecho de Réplica a favor de los ciudadanos.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece (artículo 186) la obligación de que la propaganda electoral evite todo tipo de ofensa, difamación o calumnia, que denigre a los candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros. Asimismo, el artículo 38 determina como una obligación de los partidos políticos la de abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos.

A través de tales ordenamientos, el Instituto Federal Electoral (IFE) quedó convertido en la única autoridad responsable de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión destinados a la pro­paganda de los partidos políticos y a la difusión de campañas institucionales de las autoridades electorales. Cualquier persona u organización distinta del IFE tiene prohibido comprar o difundir mensajes electorales en esos medios.

El balance de la inmediata campaña electoral federal habría de determinar la validez, o no, de los enunciados anteriores, en términos cuantitativos y de sentido político. Sin embargo, dicho balance no se ha hecho público, amagado aún por el “amparo de los intelectuales” y las ofensivas de los cuasimonopolios televisivos por el espectro electrónico.

A su vez, hay quienes la siguen llamando “contrarreforma” electoral, según un talante de liberalismo a ultranza que impone el universalismo kantiano a las condiciones culturales y políticas que ha creado la humanidad en los últimos dos siglos.

Así, el de 21 de diciembre de 2007 un grupo de inconformes integrado por intelectuales y comunicadores –entre los que están Federico Reyes Heroles, Héctor Aguilar Camín, Luis Rubio, Ángeles Mastretta, Leo Zuckerman, Gerardo Estrada e Isabel Turrent–, así como el 27 de diciembre Consejo Coordinador Empresarial, solicitaron amparo contra la reforma constitucional señalando la acción de inconstitucionalidad en contra del articulo 41, que prohíbe a particulares contratar propaganda en radio y televisión para hacer campaña a favor o en contra de algún candidato a puesto de elección popular, pues consideraron que inhibía la participación social y atentaba contra la libertad de expresión al prohibir a los particulares la contratación de mensajes políticos y electorales en radio y televisión.

En un primer momento, la juez quinto de distrito en materia administrativa, Rafaela Franco Flores, desechó “por notoria improcedencia” el amparo que promovieron esos politólogos, artistas e intelectuales, así como cúpulas empresariales. El tema no quedó agotado con este dictamen ya que fue turnado a su revisión por la Suprema Corte de Justicia, y  todavía sigue pendiente un debate más profundo en el marco de la aún intocada reforma a la Ley de Radio y Televisión.

Viene al caso presentar aquí la opinión del entonces diputado panista y teórico de la reforma de la legislación sobre comunicación electrónica, Javier Corral Jurado. Manifiesta no estar de acuerdo con la anterior interpretación, pues “a nadie se cancela su derecho de expresarse en los medios, atacar, defender, criticar o favorecer con su opinión a algún partido o candidato”.

Lo único que se restringe –agrega– es que eso lo hagan mediante pago. “¿O qué están diciendo, aceptando y promoviendo estos intelectuales en el fondo de su postura? ¿Qué nos tenemos que acostumbrar a que en México la libertad de expresión sólo se pueda ejercer mediante una transacción comercial?”

Plantea su acuerdo con la exposición de motivos que los legisladores ofrecieron para esta prohibición: “La política y la competencia electoral van quedando sujetas no sólo a modelos de propaganda que les son ajenos, sino también al riesgo de sufrir la influencia de los dueños o concesionarios de estaciones de radio y canales de tv, o de otros grupos con el poder económico necesario para reflejarlo en esos medios, que de tal situación derivan un poder fáctico contrario al orden democrático constitucional”.

De hecho, la inequidad para el acceso de los ciudadanos y, claro, de los grupos sociales a la radio y la tv en México a partir de la compra de propaganda, es proporcional a la desigualdad económica que concentra el 40% del ingreso total en sólo el 10% de la población.

También la libertad de expresión actúa en un marco de derecho, en el que el Estado debe asegurar las reglas de equidad e igualdad de quienes participan en el proceso electoral. “¿Sabrán los promotores del nuevo amparo lo que cuesta un spot de tv de 20 segundos en cualquiera de los dos cadenas nacionales? ¿Que hay grupos ecologistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones campesinas y sindicales que agotarían sus recursos de un año en la compra de un solo spot? El modelo mercantil de la comunicación está amenazado, no la libertad de expresión.”

Y la batalla comenzó de inmediato. Algunos candidatos corrieron a tocar la puerta de las televisoras para asegurar que ellos echarían abajo el artículo 41 constitucional (en lo tocante a la compra-venta de spots); otros más no tocaban esas puertas porque salieron de ellas para ir al palacio legislativo de San Lázaro a representar, sin intermediarios, los intereses precisamente de los grandes concesionarios.

Cínicamente, como es su divisa, el motejado Partido Verde (SIC) destacó en esa misión. Se comprende, ahí encuentra garantías para asegurar y acrecentar el rentable negocio político que representa ese partido. Por ello, postuló como candidatos a representantes directos de los concesionarios. Por eso compró spots disfrazados de “informes de trabajo” de los diputados salientes, o bien colocó “reportajes” en revistas de una de las televisoras que, luego, se anuncian por tele.

En el último tercio del sexenio, la derecha pripanista buscará renovar su acomodo en la Presidencia, y desde allí se afianza un amago de “berlusconización” para el 2018 (¿Azcárraga III?); se hace visible un escenario en el que el país será gobernado por los medios electrónicos con sus servidores instalados en Los Pinos y Palacio Nacional (y San Lázaro, como un verdadero reality show). ¿Narco-Estado, Estado fallido?, los dos leviatanes negros siguen en el panorama como una alternativa nefasta atrás del trono.

¿Y la política? Si no vamos con cuidado, tal vez hasta podría desaparecer de los libros de historia nacional. Pero, en definitiva, la política nunca va a abandonar al zoon politikon… Aunque sí puede ser controlada –y hasta “anulada”– por toda la suerte de oligarquías que han desfilado en el devenir histórico.

Por su parte, el consorcio Televisa ha reanudado sus repetidos intentos de funcionar como una organización política, un soterrado “partido político”; desde que el anterior Azcárraga Milmo se declaró “soldado del PRI”, Televisa ha sido torre, alfil y caballo en cada campaña electoral, juego que en el 2006 le redituó varias curules en la Cámara de Diputados. Ahora, mediante la consulta pública que bautizaron “Iniciativa México”, se ganó una base de apoyo gratuito de 50 mil opinantes, que la dotaron de un programa de gobierno para el momento en que la juegue con uno o más de los candidatos presidenciales.

Y la pinza se cierra cuando el gobierno le acaba de entregar una parte sustancial del espectro radioeléctrico nacional, hecho que fractura y torna monopólico el manejo del ciberespacio. Se trata de un sector estratégico para los fines políticos y de acceso al poder público por parte del oligopolio televisivo dominante, en su afán de convertirse en la virtual Secretaría de Gobernación, con controles también de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en la próxima administración federal.

Actualmente, el megapopulismo mediático se disfraza atrás del show business con teletones (colectas para niños) y “mañanitas” a la Virgen, para ejercer una política de masas y venderle a la clase política aquello que recibió del Estado: las horas de transmisión por el espacio atmosférico. Y cobrar la cuenta en curules, tal vez gubernaturas y puestos en el gabinete.

Pero ahora, además, viene la segunda parte de la historia, que refuerza a la primera: desde el capital plutocrático internacional (léase corporativos multinacionales) e ha desatado una ofensiva en apoyo de la derecha de nuestros países destinada a bloquear al internet y, sin vuelta de hoja, anular las redes sociales. Veamos…

Vuelve la “Guerra Fría”:

la nueva Tecnoglaciación

Las leyes SOPA y PIPA en Estados Unidos, y el acuerdo ACTA con Japón, tratan de reinaugurar una nueva etapa de la “Guerra Fría” que abarcó la segunda mitad del siglo XX. La “política del secreto” que caracterizó a ese episodio se inició con la creación de la National Security Agency (NSA), en 1952, cuando la Guerra Fría llegaba a un primer momento álgido con las persecuciones anticomunistas de MacCarthy y la ejecución del matrimonio Rosenberg en EUA.

El acto culminante de esta política del secreto tendría lugar el 2 de abril de 1982, cuando el presidente Reagan publicó el decreto del poder ejecutivo (nº 12356) “que confiere a los servicios de seguridad… el poder sin precedentes de mantener en secreto las informaciones sobre la tecnología, incluso, si fuera necesario, ciertos resultados de la investigación científica fundamental”.

El régimen belicista norteamericano eliminó de un plumazo la libertad de expresión con motivo de la Guerra del Golfo (1992), la llamada “Tormenta del desierto” del primer George Bush, y lo mismo haría durante las invasiones a Irak y Afganistán tras el 11 de septiembre de 2001, en la “guerra preventiva” contra todo el mundo. La autocensura de los medios y el espionaje doméstico fueron implantados por la Ley Patriota (Patriot Law) en ese mismo periodo, además de admitir a la tortura como sistema “legal-militar” de obtención de información.

 

 

II

Las leyes “antipiratería” reimplantan la política

del secreto y castigan el uso del Internet

 

No vayamos tan lejos: en México, apremiadamente el Partido Acción Nacional (PAN) propuso la Ley Döring, hecha por el senador Federico Döring Casar, muy similar a la polémica Ley SOPA que proponen los republicanos en Estados Unidos, y a la Ley Sinde, española, que ya fue aprobada. Se trata de una reforma de la Ley Federal de Derechos de Autor que busca reglamentar la difusión en internet de obras registradas.

¿Otra “Ley Televisa” (ver arriba)? Igualita. El pasado 14 de diciembre de 2011, el Senado de la República aprobó reformas a la ley de derechos de autor que coinciden con la iniciativa de ley que pretende regular las cuestiones de piratería ocasionadas por las avanzadas opciones que se pueden lograr por los medios digitales.

En un comunicado, el Instituto Mexicano de Protección Industrial (IMPI) expone que las reformas se dan en seguimiento de las negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés),  y que éste recoge las preocupaciones de los usuarios de servicios de comunicación electrónica y demás actores, tales como acceso a la información y a la cultura, la libertad de expresión, la privacidad de datos y el derecho de debido proceso.

La reforma, aprobada en paquete, porque no hubo mucha discusión y pasó casi desapercibida, fue seguida al día siguiente por la propuesta del senador Federico Doring, e incluso han llegado a confundirse aunque son dos proyectos diferentes que tienen un mismo fin.

Supuestamente, la primera reforma aprobada protege los derechos de autor que ya tienen registro y de los que en teoría tienen derechos reservados. La controversia radica en que la aplicación de esta reforma, que al parecer no fue pensada en sus alcances, conlleva por sí misma una violación a las garantías individuales de audiencia y seguridad jurídica que estipula nuestra Carta Magna.

Las adiciones o reformas a la ley, cuando están mal hechas, se prestan para ser aplicadas de mala manera, y en este caso hasta se pueden manejar como parte de la censura a los medios de comunicación con el pretexto de defender los derechos de autor.

Bastaría una nota de un visitador de que no quiso ser recibido en algún lugar, para que posteriormente se le notifique el proceso judicial a la persona a quien se quiera afectar; ésta sólo se daría cuenta cuando ya se le haya notificado la sanción respectiva, la cual es demasiado grande. La multa prescrita va desde 5 mil hasta 40 mil días de salario mínimo, es decir, de 311,650.00 pesos la mínima hasta 2’493,200.00 pesos la máxima. Se pretende volverla intimidatoria, pero que al mismo tiempo puede generar más corrupción porque seguramente se buscará pagar las super-gravosas multas con “una mordida”.

La iniciativa de la ley presentada por el senador Döring, llamada también “Ley Döring” y aprobada por el Senado el 15 de diciembre, plantea reglamentar las descargas de contenido que se hagan en el internet para “proteger la propiedad intelectual”; pretende, también, bloquear los sitios donde se comparten archivos, aunque sean gratuitos, conocidos como P2P.

Esto obedece a que, en su opinión, el compartir archivos sin afán de lucro merma la cantidad de ganancias que recibiría el artista o autor, y por ende el Estado recibe menos dinero por los impuestos. Como queda patente, la visión está basada desde un solo ángulo, ya que también este tipo de intercambio de archivos da a conocer al artista y obtiene una difusión inesperada.

Tras una larga exposición de motivos, la propuesta es la de controlar los sitios web, controlar la información, las imágenes, bloquear o cerrar los sitios que les parezcan no convenientes y, en términos generales, coartar la libertad de expresión y de comunicación entre las personas, por lo cual se asemeja a las leyes SOPA y PIPA.

Bajo el nuevo esquema legal, el IMPI tendría el poder de iniciar una investigación de oficio, sin la petición de ningún afectado. Es decir, sin importar que alguien se lo haya pedido o no, el IMPI podrá iniciar una investigación sobre cualquier usuario de Internet.

Una vez que el IMPI tenga a un infractor en indagación, podría pedir el IP del usuario a la empresa que sea su proveedor de internet, sin ningún tipo de orden judicial de por medio. El IP es la etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un interfaz, elemento de comunicación/conexión de un  dispositivo dentro de una red que utilice el “Internet Protocol”.

El supuesto infractor tiene sólo tres días después de recibir la notificación de que es un infractor para defenderse y declarar que es el dueño de los derechos de autor. De otro modo, el IMPI dictará la sentencia. Para que esto ocurra sería necesario un sistema de vigilancia de la actividad de los usuarios en internet, algo que viola la privacidad (según algunos expertos en redes).

Esto se realizaría mediante una tecnología llamada “deep-packet inspection”, que consiste en una vigilancia del tráfico que viene y va en internet, y que también hace posible la redirección, minado de datos y censura del mismo. Una tecnología que usan los gobiernos de China, Irán y Cuba para tener en vigilancia a los internautas.

Expertos de firmas de análisis de mercados, de la academia, derecho informático, derechos de autor y un representante del Poder Legislativo, en primera instancia desaprueban el espíritu de ACTA y la propuesta del senador Federico Döring, así como las iniciativas del Senado (PIPA) y la Cámara de Representantes (SOPA) en Estados Unidos, pero afirman que aún deben ser discutidas propuestas similares para que todas las partes lleguen a un acuerdo.

Aquí, en los tiempos políticos la censura hace mutis

 

Pero sólo en México, porque a su vez el presidente Barack Obama firmó, en Japón, junto con numerosos países de la Unión Europea, el acuerdo ACTA. Este considera imponer sanciones absurdamente desproporcionadas a los “culpables” y permite a los gobiernos entrometerse y desmantelar las redes digitales, presuntamente para combatir la piratería según los dictados de las poderosas industrias cinematográfica y disquera. Aunque ya hay parlamentos que están rechazando este sistema orwelliano.

Apenas este 31 de enero, el columnista Jorge Monroy, del diario El Economista, informaba que la llamada ley Döring no encontró el apoyo de las bancadas del PRI y PRD, por lo que ese tema no estará dentro de las prioridades de la Cámara Alta para el periodo febrero-abril. Quedará en el congelador, por lo menos hasta septiembre próximo,  la discusión de la iniciativa que presentó el 15 de diciembre el senador panista Federico Döring Casar, así como también cualquier legislación similar para regular los contenidos de Internet.

Y luego de seis meses de que varios senadores instaron al presidente Felipe Calderón a no suscribir el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), manifestaron que no ha habido ninguna respuesta del gobierno, según informó Víctor Ballinas, del  periódico La Jornada, el viernes 20 de enero.

Los legisladores advirtieron que se vulnerarían las garantías individuales contenidas en la Constitución y el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema jurídico.

El grupo plural resaltó que “la ambigüedad de algunas disposiciones del proyecto de Acuerdo Comercial Antifalsificación resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes del país, y su implementación podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso a Internet en la sociedad mexicana, ampliando así la ‘brecha digital’ y (obstruyendo) la posibilidad de que el país se inserte en la denominada ‘sociedad del conocimiento’”.

Por su parte, el magistrado Roberto Martínez Espinosa, presidente de la Sala Regional del Distrito Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declaró que legislar Twitter y Facebook para las próximas elecciones sería restringir el derecho de los ciudadanos a expresarse con libertad (Excélsior, 11 de enero).

Las Leyes Duarte y Peña Nieto,

¿de la periferia al centro?

 

El alcalde de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién, solicitó que de cara a los procesos electorales de 2012 los diputados locales aprobaran una legislación para regular las redes sociales.

Afirmó que al conocer la identidad de los tuiteros se podrían fincar responsabilidades, en caso de incurrirse en difamación (Milenio, 2011-11-11). Agregó que así se podría evitar, salomónicamente, la guerra sucia en contra de autoridades y actores políticos. Sin embargo, el congreso queretano desmintió la existencia de cualquier iniciativa al respecto.

No así en el estado de Veracruz, donde el Congreso estatal aprobó una reforma al Código Penal que tipifica como delito la perturbación del orden público, propuesta por el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Léase el viejo “delito de disolución social”, abrogado a resultas del movimiento estudiantil de 1968. La iniciativa tuvo 33 votos a favor (del PRI) y 14 en contra (del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano).

Presuntamente, dijeron, esa medida podría “atenuar” los cargos que pesaban sobre los twitteros María de la Luz Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados de terrorismo y sabotaje por difundir en redes sociales presuntos ataques del crimen, lo que generó pánico en el puerto.

El 18 de octubre de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que la reforma al artículo 373 del Código Penal de Veracruz es contraria a la libertad de expresión que consagra la Constitución Mexicana, además de establecer una pena que resulta  genérica y arbitraria contra los ciudadanos de Veracruz.

A unas horas de que se venciera el término legal, la CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a las leyes de Veracruz que crean el mencionado delito de “perturbación del orden público”, orientado a castigar con cárcel a los usuarios de redes sociales que difundieran “información falsa” de balaceras y otros hechos de violencia en esa entidad.

Otro hito relevante dentro de esta campaña u ofensiva contra el internet y las nuevas libertades de expresión, tuvo lugar en el Estado de México. A inicios de septiembre del pasado año, los diputados federales del PRI anunciaron que presentarían una iniciativa, que bautizaron como “Ley Peña Nieto”, para castigar con cárcel el mal uso de las redes sociales que pudiera generar terror entre la población y denostar a los políticos en campaña con información falsa.

Con el hashtag #LeyPeñaNieto, la presión de miles de usuarios de Twitter logró frenar la intención del diputado federal David Sánchez Guevara de presentar esa reforma. Como se ve, la dupla PRI-PAN tiene preparada toda la artillería legalista –como ya hicieron con las leyes antiaborto– para lanzar su ofensiva contra la libertad de expresión, de comunicación e intercambio de ideas, de investigación, una vez que hayan pasado los tiempos políticos de las elecciones federales y estatales.

Sólo queda analizar y poner en práctica todas las formas de resistencia civil y social contra los proyectos anti-internet en todo el mundo, y especialmente en nuestro país.

La nueva ofensiva del Imperio

 

Mientras tanto, el presunto rechazo a las leyes PIPA y SOPA tiene ahora una nueva versión, corregida y aumentada. Más de 100 miembros del Congreso estadunidense están apoyando una ley (CISPA) que daría a empresas privadas y al gobierno de los EEUU el derecho de espiar a cualquiera en cualquier momento y durante todo el tiempo que quieran, sin necesidad de ninguna orden judicial.

Esta es la tercera vez que el Congreso de los EEUU intenta entrometerse y bloquear  la libertad en Internet. De la misma manera que fue posible ayudar a derrotar a SOPA, y también a PIPA, ahora se deberá forzar la retirada de esta nueva ley del Gran Hermano.

La protesta global ha jugado un papel clave en la protección de Internet frente a gobiernos ansiosos por controlar lo que hacemos en la web. Se llama a firmar la petición al Congreso oponiéndose a la ley CISPA. Cuando se alcancen las 250.000 firmas, esta llamada será entregada a cada uno de los 100 congresistas que apoyan dicha ley: http://www.avaaz.org/es/stop_cispa/?vl

Habrá que unirse una vez más y derrotar esta ley de una vez por todas. Firmar la petición y después enviarla a todo el mundo que utiliza Internet. Según la Ley de intercambio y protección de información policial cibernética (CISPA), la mera sospecha de una amenaza cibernética otorgaría a los proveedores de Internet y a otras compañías que operan en la Red el derecho de recabar información sobre nuestras actividades, compartirla con el gobierno, negarse a notificarnos si estamos siendo vigilados y después utilizar una cláusula de inmunidad para protegerse de denuncias por violación de la intimidad u otras acciones legales.

Se trata de un ataque inaceptable a la privacidad en la que confiamos cada día a la hora de enviar emails, hablar por Skype, realizar búsquedas online y mucho más.

Pero sabemos que al Congreso de los EEUU le preocupa la reacción de la opinión pública mundial. Esta es la tercera vez que han intentado disfrazar su ataque a la libertad en Internet y colar una ley, bajo otro nombre, con la esperanza de que los ciudadanos no se den cuenta.

Ya hay grupos defensores de los derechos en Internet, como la Electronic Frontier Foundation, que han condenado esta ley por su interferencia con los derechos básicos a la privacidad, y ahora ha llegado el momento de que nos pronunciemos también nosotros.

¡Hay que hacerlo de nuevo! CISPA viene mucho peor que la ley SOPA.

Cartón de Pepe Hernández, que sólo lo podrán ver circular a través de Internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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